Una serie de imágenes y documentos revelados por la Justicia reavivaron las sospechas de corrupción en el entorno del Gobierno de Javier Milei. El caso involucra a un vuelo privado que aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery el 26 de febrero de 2024, perteneciente a la empresa Royal Class, propiedad de Leonardo Scatturice, empresario vinculado al oficialismo y nuevo dueño de la aerolínea Flybondi.
La investigación, iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), detectó que 10 valijas ingresaron al país sin pasar por escáner ni control de Aduana, en contradicción con lo establecido por la normativa. La pasajera Laura Belén Arrieta, gerente de OCP TECH, descendió del avión acompañada por dos tripulantes, y todos fueron escoltados por personal aduanero sin someter su equipaje a revisión, tal como documentaron las cámaras de seguridad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había asegurado en una conferencia de prensa que “se cumplieron todos los protocolos”, pero el dictamen judicial de 60 páginas desmiente esa afirmación. Según los fiscales, solo se declararon cinco de las diez valijas y no se registró un control constante del avión mientras estuvo estacionado en el hangar.
Además, la causa expone inconsistencias en la documentación migratoria del vuelo. Se había informado oficialmente que la aeronave partió de Fort Lauderdale, pero en realidad lo hizo desde Opa-locka. También se dijo que el avión salió rumbo a Estados Unidos el 5 de marzo, cuando en realidad voló a París con escala en Tenerife, España.
La ausencia de registro en la ANAC sobre el avión, sumado a las lagunas en las filmaciones del hangar, profundizó las sospechas de connivencia entre funcionarios y la empresa operadora. Para la Justicia, hubo participación activa de personal estatal en el desvío de los controles.
Uno de los detalles más llamativos del expediente fue el “comportamiento inusual” de la pasajera Arrieta, que entregó un celular a una agente aduanera, quien respondió con un gesto de aprobación. Ahora, los fiscales buscan identificar a todos los funcionarios presentes durante la maniobra.
Desde COC Global, empresa propietaria del avión, negaron irregularidades y aseguraron que el vuelo fue sometido a todos los controles migratorios y de seguridad, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Pero las pruebas recabadas contradicen esa versión.
El caso toma relevancia no solo por las sospechas de contrabando, sino también por el rol de Scatturice como enlace entre Milei y sectores políticos de Estados Unidos, como Donald Trump y la CPAC. Su reciente adquisición de Flybondi, aerolínea que opera rutas nacionales con beneficios fiscales y subsidios aeroportuarios, despierta interrogantes sobre conflictos de interés y posible tráfico de influencias.
La Justicia avanza ahora con nuevas medidas, entre ellas la citación a declarar de los implicados y el análisis completo de las cámaras de seguridad. Mientras tanto, el caso se convierte en un nuevo frente de sospecha para el Gobierno libertario, que había prometido “terminar con la casta y la corrupción”.
Quién es Laura Belén Arrieta
El avión, que aterrizó en Aeroparque el 26 de febrero, pertenece al empresario Leonardo Scatturice y transportaba como única pasajera a su empleada, Laura Belén Arrieta. Los hallazgos desmienten la negativa del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien calificó el hecho como “fácticamente imposible”, y un comunicado de la Aduana que aseguró la realización de todos los “controles de rutina” sin novedades.
Las sospechas de irregularidades en el ingreso al país de este avión fueron hechas públicas por Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina, de LN+. El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó en su momento que el equipaje hubiera eludido los controles. “Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas”, dijo Adorni, que afirmó que todo el equipaje fue debidamente chequeado. Pero los fiscales aportaron pruebas que demostrarían lo contrario.
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