En su próxima sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de San Juan avanzará con el tratamiento de cuatro nuevos pedidos de informe al Ejecutivo provincial, tres de los cuales están directamente vinculados a obras, programas y convenios desarrollados durante la segunda gestión de Sergio Uñac. Se trata de iniciativas que se suman a los primeros requerimientos impulsados por el interbloque Cambia San Juan —compuesto por Producción y Trabajo, Actuar, PRO y UCR— que en junio puso el foco en contrataciones, subsidios, convenios y distribución de fondos realizados en los últimos años del gobierno anterior.
El primero de ellos está centrado en la paralización del Acueducto Gran Tulum, obra que fue presentada por el gobierno uñaquista como una de las más ambiciosas de su mandato. Se solicita conocer el estado de avance, los montos ejecutados y el destino de los fondos comprometidos. La diputada oficialista María Rita Lascano planteó que la obra, una vez finalizada, debería abastecer de agua a cerca de un millón de sanjuaninos, y que la revisión de su ejecución es clave para determinar la situación actual del proyecto.
El segundo informe busca respuestas sobre las obras de red cloacal en el departamento Rawson. Los trabajos fueron afectados por el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), lo que dejó sin financiamiento a gran parte del proyecto. A fines del año pasado, la Provincia acordó con el gobierno nacional continuar con las tareas, que ya se encontraban en un 80 % de avance. Ahora, los diputados piden conocer con precisión qué etapas se cumplieron, qué recursos se invirtieron y qué decisiones se tomaron para garantizar su conclusión.
Un tercer informe apunta a esclarecer la situación del programa del IPV “Suelo Activo, Sueño Cumplido – Barrio Valles del Sol”. Este plan habitacional fue suspendido en septiembre de 2024 por las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda. Se trata de un desarrollo de 930 lotes en el que los adjudicatarios pagaban cuotas por el terreno y luego accedían a créditos para la construcción. A comienzos de 2025, la titular del IPV, Elina Peralta, anunció que el programa sería reactivado durante la segunda mitad del año. Sin embargo, desde la oposición exigen información clara sobre los plazos, las fuentes de financiamiento y las garantías reales de cumplimiento.
El cuarto pedido de informe involucra a la gestión actual, corresponde al convenio firmado entre la Provincia y la aerolínea Flybondi. El acuerdo, rubricado en 2024, contempló un aporte financiero de 900 mil dólares en tres pagos y el compromiso de la empresa de entregar 13 mil pasajes a la provincia para ser utilizados en un plazo de 18 meses. La Comisión de Turismo y Deporte dio despacho favorable al pedido, que busca conocer los detalles de la ejecución, cantidad de viajes realizados y condiciones actuales del contrato.
En diálogo con DIARIO MÓVIL, el diputado oficialista Juan de la Cruz Córdoba confirmó que estos pedidos llegarán al recinto esta semana: “Han ingresado despachos de la Comisión de Obras, uno referido al proyecto de comunicación por el Acueducto Gran Tulum, que este jueves se va a tratar en la sesión, y un par más que también salieron de la misma comisión: uno dirigido al IPV, y el otro con relación a obras de cloacas del departamento Rawson”. Además, señaló que “el del diputado Patinella y el del justicialismo fueron tratados en la Comisión de Deporte y Turismo y han logrado despacho favorable, así que seguramente también después van a tomar estado parlamentario y se votarán y serán remitidos al ministerio”.
Según fuentes legislativas, aún quedan al menos cinco pedidos de informe en tratamiento de comisión que podrían sumarse en las próximas sesiones. Entre ellos, figuran nuevos requerimientos sobre compras realizadas en 2023, subsidios y otras transferencias gestionadas por áreas sensibles del Ejecutivo anterior.
Además, está previsto que la gestión actual, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, remita un informe a la Cámara sobre el hogar Paula Albarracín de Sarmiento, en Santa Lucía, donde se registró un incidente institucional. El ministro Carlos Platero anticipó que el documento incluirá un diagnóstico edilicio de las condiciones en que fue recibido el establecimiento, apuntando también a decisiones tomadas durante la última gestión.
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