Lo que debió ser el año soñado de su egreso escolar se convirtió en una pesadilla insoportable para una adolescente de 17 años, de Caucete. Durante el año pasado, tres mujeres tejieron y difundieron un rumor cruel: afirmaron falsamente que la joven padecía una grave enfermedad. Las publicaciones en redes sociales se propagó como la pólvora por todo el departamento, marcando y persiguiendo a la víctima durante meses, convirtiendo sus momentos finales de secundaria en un calvario de señalamientos y denigración.
Ante la gravedad del daño moral infligido, la familia de la menor –quien en ese momento no había cumplido la mayoría de edad– no dudó en actuar. Presentaron una denuncia formal ante la justicia, iniciando un largo proceso para defender su honor. La persistencia dio frutos: las tres responsables de la campaña de difamación fueron finalmente obligadas a realizar disculpas públicas. Una optó por una radio local, mientras las otras dos utilizaron sus redes sociales para retractarse, un hecho registrado y validado judicialmente.
Este caso, ocurrido hace unos meses en la provincia, es considerado inédito por su desenlace y por ser la primera causa de este tipo donde intervinieron abogados querellantes específicamente representando a la víctima (los letrados Benjamín Balmaceda, Santiago García y Renato Ramiro López). Fuentes judiciales destacaron que el proceso deja una enseñanza clara: actos que algunos minimizan como «simples chismes» pueden causar un daño profundo y la Justicia está facultada para intervenir y sancionarlos.
La investigación judicial reconstruyó el origen del infierno. Todo comenzó cuando, de forma repentina, se viralizó la falsa noticia sobre la supuesta enfermedad de la joven. El rumor se esparció velozmente por Caucete, convirtiendo a la adolescente en blanco de señalamientos públicos, persecución y denigración constante. Este acoso implacable arruinó su 2024: incluso durante eventos tan significativos como su viaje, fiesta de egresados o la presentación de la campera, era común escuchar el estigma: «ahí va X, la chica enferma» (el nombre de la víctima es preservado para proteger su integridad).
El caso avanzó por el Sistema Acusatorio hasta llegar a una audiencia de formalización ante la Jueza de Control Mabel Moya. Frente a la magistrada, se sentaron las tres acusadas: Florencia Allende, Agustina Fernández y Débora Romina Lago, todas asistidas por el defensor oficial Juan Carlos González Ruitort. La jueza escuchó atentamente los cargos por la difusión de información falsa que causó grave daño moral.
Tras negociaciones, se alcanzó un acuerdo. Las tres mujeres admitieron su responsabilidad y aceptaron retractarse públicamente de sus dichos falsos, específicamente a través de sus perfiles en redes sociales, con textos previamente avalados por la justicia. La resolución judicial fue taxativa: estas publicaciones de disculpa «no podrán ser borradas» de las plataformas digitales, asegurando la permanencia de la rectificación.
Las retractaciones, realizadas a fines de 2024 pero recién dadas a conocer ahora al quedar firme el acuerdo (el caso estuvo reservado), fueron explícitas. Allende publicó en redes: «Quiero pedir disculpas públicas a X… Mis dichos sobre ella son falsos… Nunca X estuvo enferma… Me retracto… Expreso mi arrepentimiento». Fernández usó Instagram con un mensaje similar, refiriéndose específicamente a un audio de WhatsApp viralizado. Lagos, en cambio, leyó su disculpa en una radio caucetera, grabada en vivo, pidiendo perdón por lo dicho «a viva voz y frente a testigos». El caso sienta un precedente contra el poder destructivo de la difamación en la provincia y el resguardo por parte de la justicia hacia la víctima.
POR IVAN PALACIO
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