La reciente decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de eliminar la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles, tanto urbanos como rurales, ha generado un fuerte debate en San Juan. Esta medida, establecida por la Resolución General 5545/2024, y que forma parte de las reformas del Decreto 70/2023 que derogó la ley de Alquileres 27.551, ha suscitado reacciones contrastantes entre diferentes actores del mercado inmobiliario local.
El secretario del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, Esteban Costela, se muestra optimista respecto a la nueva normativa. En una entrevista a Costela subraya que “siempre que se reduzca la intervención del Estado, la respuesta del mercado ha sido favorable”. Explica que la eliminación de la obligación de registrar contratos permitirá una mayor flexibilidad para los propietarios y podría incrementar la oferta de inmuebles disponibles para alquiler. Según él, “desde que se han eliminado regulaciones, se ha visto una mayor oferta de inmuebles y más opciones al momento de alquilar”. Además, Costela aclara que, aunque la obligación de registrar los contratos recaía principalmente sobre los propietarios, los inquilinos también tenían la posibilidad de realizar este registro, y en muchos casos, no lo hicieron. Esto sugiere que la falta de registro no solo era un problema de los propietarios, sino una responsabilidad compartida.
Costela también se refiere a las implicancias de la medida en términos de simplificación del mercado: “En el pasado, los propietarios que poseían más de tres inmuebles enfrentaban una carga administrativa significativa. Hoy, la reducción de estas cargas podría facilitar la gestión para los propietarios y hacer el mercado más dinámico”. Añade que la eliminación de la obligación de registrar contratos no afectará la necesidad de emitir facturas, que sigue siendo obligatoria, lo cual mantiene un nivel básico de control fiscal.
Por otro lado, Víctor Bazán, representante de la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos, expresa su preocupación por los posibles efectos negativos de esta medida. Bazán señala que, a pesar de la obligatoriedad anterior, “veníamos con un 94% de no registración de los contratos cuando era obligatorio, y ahora, que no va a ser más obligatorio, probablemente la situación no cambiará mucho”. Esta visión sugiere que la eliminación del requisito podría exacerbar problemas preexistentes de informalidad en el mercado de alquileres.
Bazán critica que la medida parece favorecer a los propietarios sin ofrecer garantías adecuadas a los inquilinos. “Es como un evasor legal”, afirmo, refiriéndose a la falta de requisitos que impide una adecuada fiscalización de los contratos de alquiler. Además, agrega que “da un poco de bronca ver cómo se facilita el camino para quienes ya tienen un poder adquisitivo más grande, mientras que los trabajadores y los inquilinos quedan desprotegidos”. Según Bazán, el nuevo régimen podría dar lugar a que los propietarios incrementen los precios de los alquileres sin el marco de regulación que justificara estos aumentos.
Bazán también menciona que, a pesar de que la eliminación del registro pueda reducir costos administrativos para los propietarios, en la práctica, “los propietarios ya cobraban lo que querían antes y ahora, al eliminar el registro, no se espera que bajen los precios”. Afirma que los propietarios podrían usar la falta de regulación como una oportunidad para incrementar los alquileres sin tener que justificar los montos a través del registro. Esto plantea una preocupación adicional sobre cómo la falta de un registro oficial puede afectar la transparencia y el equilibrio en las negociaciones de alquiler.
En términos de impacto a nivel local, la medida podría tener consecuencias significativas en San Juan, donde el mercado de alquileres ha estado en el centro de la atención. La eliminación del registro obligatorio puede simplificar el proceso para los propietarios y corredores inmobiliarios, pero también podría intensificar la informalidad en el sector. La falta de un marco regulatorio claro puede dejar a los inquilinos en una posición vulnerable, sin las protecciones que ofrecía el antiguo sistema de registro.
fuente: diario movil