En El Encón, en el departamento 25 de Mayo, al menos 10 familias de la comunidad huarpe Salvador Talquenca se enfrentan a un nuevo intento de desalojo. Según denuncian sus representantes, el conflicto se reavivó tras la derogación de la Ley 26.160, norma que desde 2006 suspendía los desalojos de comunidades originarias y reconocía su posesión tradicional de la tierra.
“Estamos trabajando junto a la comunidad Salvador Talquenca y con el doctor Javier Alamino para frenar este nuevo intento de desalojo que afecta a familias que viven allí hace generaciones”, expresó en Canal 13 el abogado Ariel López, representante legal de las comunidades.
El conflicto tiene larga data. Se originó en 2012, cuando parte del territorio de la comunidad fue rematado judicialmente. Aunque en ese entonces se logró frenar el desalojo gracias a la ley nacional 26.160, la derogación de esa normativa en diciembre pasado por decreto del Gobierno Nacional encendió las alarmas.
“Esa ley protegía las posesiones ancestrales de las comunidades. Desde su derogación, estas familias quedaron desprotegidas. Lo que ocurrió es gravísimo, porque ahora quienes compraron esas tierras en el remate vuelven a reclamar la posesión y exigen al juez que las entregue”, explicó López.
El territorio en disputa abarca 9.000 hectáreas ubicadas en una zona donde convergen las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza. “Es una zona muy árida, con muchas dunas, donde se hace un esfuerzo enorme para vivir. La actividad principal es la cría de animales caprinos, algo que requiere de gran extensión territorial por la escasez de pasturas”, detalló el letrado.
Uno de los puntos clave del reclamo de la comunidad tiene que ver con su forma de habitar el territorio. “Hay un sentido de propiedad comunitaria. No hay alambrados entre familias. Los animales circulan libremente entre aguadas que son de uso común. Cuando alguien viene, alambra y se apropia de parte del territorio, rompe ese equilibrio, afecta la vida cotidiana y pone en riesgo el sustento de toda la comunidad”, subrayó el abogado.
La comunidad Salvador Talquenca está conformada por entre 35 y 40 familias que se asientan en la zona de El Encón. “En 2012 obtuvimos una sentencia que reconocía la posesión de las familias sobre ese territorio. No entendemos cómo ahora, habiendo un fallo a favor de la comunidad, se pretenda otorgar la posesión a otras personas que nunca vivieron ahí”, agregó López.
En este momento, el caso espera resolución judicial. “Si el fallo nos es desfavorable, vamos a apelar. Y si es necesario, llegaremos hasta la Corte Suprema. No vamos a permitir que se avasallen los derechos adquiridos de estas familias”, advirtió el abogado.
La situación, sin embargo, excede los tribunales. “Esto no se soluciona solo en lo judicial. Hace falta voluntad política. Si no, siempre vamos a estar poniéndole parches a un problema que es mucho más grande”, sentenció López. También apuntó contra la actual gestión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): “Hoy, en lugar de sentarse a dialogar con los pueblos originarios, dialogan con quienes se dicen propietarios de la tierra. El vaciamiento del INAI es parte de este retroceso en derechos”.
El caso de Salvador Talquenca no es aislado. “Otras comunidades que se extiende entre San Juan y San Luis, están en la misma situación. Hay intereses externos, como la especulación inmobiliaria, que nada tienen que ver con el modo de vida de estas comunidades”, denunció.
fuente: canal 13