En un fallo reciente, la Justicia Federal procesó con prisión preventiva a Ángel Carlos «Richar» Garay, un empleado municipal de 25 de Mayo, junto a otros siete miembros de una banda narcotraficante que operaba en la región. Los detenidos fueron procesados por transporte, distribución y venta de estupefacientes. La pena se puede agravar por la participación de más de tres personas.
La investigación judicial, que contó con el respaldo de pruebas contundentes, reveló que esta organización criminal estaba dedicada a la comercialización de marihuana. La banda fue desarticulada luego de una serie de intervenciones telefónicas y operativos que permitieron confirmar su modus operandi. En total, se incautaron 115 kilos de marihuana.
El 1 de noviembre, Garay fue contactado por Angélica de las Mercedes Falcón, quien le solicitó ayuda para trasladar un cargamento. Según su testimonio, Garay pensó que estaba transportando ropa, pero para la Justicia no hay dudas de que él sabía lo que estaba cargando, dados los bultos y las circunstancias en que se realizó la transacción.
Falcón, por su parte, también negó que Garay tuviera conocimiento de la naturaleza de la carga, pero las pruebas recogidas en las investigaciones refuerzan la hipótesis de su implicación. Las pericias telefónicas corroboraron sus vínculos con Falcón y otras personas clave en la red, incluyendo a los otros miembros de la organización: Melisa González, Raúl Horacio Vargas Díaz, Pablo Federico Castillo, Héctor Leonardo Guiñez, Luis Alberto Garipe y Marcela Verónica Recupero.
La investigación comenzó tras la detención de varios narcotraficantes en Rawson y, a través de una cadena de interceptaciones telefónicas y seguimientos, se descubrió una compleja red de contactos entre los miembros de la banda, que incluía conexiones con proveedores del litoral argentino, en particular con el camionero chaqueño Pablo Castillo. La organización no solo operaba en la provincia de San Juan, sino que tenía contactos para abastecerse de cocaína, otro de los productos que comercializaban.
A lo largo de las investigaciones, se determinó que los miembros de la banda se encargaban de distintas etapas del proceso del narcotráfico: desde el abastecimiento hasta la venta y recaudación del dinero, con roles claramente definidos entre los involucrados.
La Justicia dispuso un embargo de un millón de pesos para cada uno de los procesados y sigue trabajando en la recopilación de pruebas adicionales que podrían implicar aún más personas en esta red de narcotráfico.
El procesamiento de Ángel Carlos «Richar» Garay es un giro sorprendente en este caso, ya que el empleado municipal no figuraba en los registros iniciales, pero ahora enfrenta una posible condena por su participación en una de las redes de narcotráfico más grandes desmanteladas en la región.
fuente: diario huarpe