El balance del ejercicio fiscal 2015 en Caucete arrojó presuntas irregularidades en 11 expedientes, por lo que el Tribunal de Cuentas le aplicó una sanción administrativa al exintendente Juan Elizondo, al entonces secretario de Hacienda, Marcelo Vera; al extesorero Daniel Funes y quien fuera jefe de Compras, Juan Carlos Figueroa. El castigo es de 5,1 millones de pesos y el motivo tiene que ver con que el órgano de control no encontró entre los documentos ningún recibo ni facturas que justificaran el desembolso de esa misma cifra de las arcas municipales para el pago de bienes y servicios. No es el primer castigo millonario que impone el Tribunal en lo que va del año, ya que hace menos de dos semanas salió a la luz el que le aplicó al ex jefe comunal jachallero, Jorge Barifusa, y dos exfuncionarios (ver recuadro).
En el caso caucetero, fuentes calificadas confirmaron que la resolución es de los primeros días de este mes y que ya fueron notificados los implicados de los cargos en su contra. El cargo es una observación ante procedimientos administrativos irregulares de los cuales se derive un perjuicio patrimonial para el Estado, en este caso, municipal. Ahora, los exfuncionarios cuentan con un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15, para presentar la documentación que justifique las erogaciones. Si la respuesta y los comprobantes cierran y el ejercicio es aprobado, el fallo es archivado. En cambio, si hay un rechazo y el Tribunal ratifica que hay responsabilidades, envía el expediente a Fiscalía de Estado para que inicie un juicio de cobro. A cada uno le correspondería pagar 1,3 millones de pesos. No obstante, pueden presentar un recurso de reconsideración ante el organismo o luego recurrir a la Corte de Justicia.
La gestión del justicialista Elizondo culminó el 10 de diciembre de 2015, quien le entregó el mando al basualdista Julián Gil. Las presuntas anomalías se dieron en 11 expedientes de ese último año y están ligados a la contratación de bienes y servicios de proveedores, que en total suman un desembolso de 5.172.000 pesos. De esos trámites, trascendieron detalles de dos. Uno de ellos es el más cuantioso, de 1.350.000 pesos, y tiene que ver con un rubro llamado “Contrataciones de bandas de rock”. De acuerdo a lo que salió a la luz de la resolución, dicho expediente era un caos, con varias fallas, al punto de que no había un contrato. Así, había órdenes de pago sin sellos ni firmas. También se descubrieron cuatro facturas por un millón de pesos sin conformar, es decir, que no se habría constatado y plasmado en un documento la prestación del servicio para habilitar el desembolso, que aparentemente igual se habría ejecutado, explicaron las fuentes. Además, existirían recibos de pago sin firmar y uno con una firma sin aclaración. El problema en este caso radicaría en que se abona un monto, pero como no se deja constancia de firma y aclaración, la empresa o el prestador podrían volver a exigir la cancelación. Inclusive aparece un recibo firmado por el músico Luciano Gutiérrez, en el que un informe señala que no hay constancias de que tenga autorización para hacerlo. De hecho, se indica que no está clara su participación. Por otro lado, al parecer habría un saldo no pagado a favor del municipio. La duda es porque no figura en la lista que corresponde y el mismo informe abre el interrogante, grave, de que si se canceló, no hay ninguna constancia.
El otro expediente resalta que se contrató a una empresa, a la que no se le habría exigido el formulario en el que figure su inscripción en impuestos nacionales y provinciales y si está al día.

 

En Jáchal

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El exintendente Jorge Barifusa, el entonces secretario de Gobierno, Cristian Romero, y quien estaba a cargo de Producción, Ricardo Guerrero, fueron sancionados por un monto de 3,3 millones de pesos. La presunta irregularidad consistió en que la comuna abonó esa suma a la empresa Klaus para cancelar el armado de una planta de pulpa de membrillo, pero no hubo certificados de avances de obra que justificaran tal desembolso y encima, la máquina no está.
Diario de Cuyo